Uno de los principales slogans de Correa, es prohibido olvidar, con esta frase a perseguido, penalizado y encarcelado a los luchadores populares.

Por eso los trabajadores en esta CONSULTA, también estamos prohibidos de olvidar, los ataques permanentes a los derechos laborales, entre ellos los despidos masivos de los trabajadores tanto del sector público petroleros, eléctricos, telecomunicaciones, municipios, consejos provinciales, que han sido ordenados desde la Presidencia de la Republica y ejecutados desde el Ministerio de Relaciones Laborales, recortes de los derechos de la contratación colectiva, continuación de la tercerización y precarización laboral en el sector público y privado, reducción de las utilidades como en el caso de los trabajadores petroleros privados y que pretenden ampliarlo a otros trabajadores de este sector, la clase obrera también está prohibida olvidar la aprobación del mal llamado Código de la Producción que pretende desconocer el derecho a que el salario del trabajador cubra el costo de la canasta básica familiar, así como apunta a eliminar el décimo tercero y decimo cuarto sueldo, conquistas de los trabajadores desde hace años.

Es cierto Sr. Presidente, que la clase obrera como parte de los sectores más desprotegidos no nos olvidaremos de la persecución permanente a nuestros hermanos de clase, como el sector indígena, maestros, a los dirigentes sindicales quienes no compartimos con la política de su gobierno y más aún cuando utilizando las leyes de las dictaduras hoy se encarcela a los verdaderos dirigentes como Marcelo Rivera Presidente de la FEUE, a los mineros de Novón, por el delito de decirle una y mil veces que los trabajadores y los sectores sociales no nos arrodillamos frente a la prepotencia y arrogancia de su autoridad.

Claro que la clase obrera estamos prohibidos de olvidar el pedido de amnistía para los culpables de la crisis de este país como lo ocurrido el 10 agosto del 2010, en el caso Dahik, así como ahora se dice que Mahuad, Gallardo y Noboa, son perseguidos políticos, otra razón mas que no debemos olvidar cuando en campaña se señalaba que se iba a combatir la corrupción. Preguntamos: si algunos de sus Ministros que hicieron grandes negociados como el de Salud, Deportes, Obras Publicas, se encuentran hoy presos o están disfrutando de la plata del pueblo ecuatoriano, al igual que los banqueros corruptos que dice combatir.

Prohibido olvidar el saqueo indiscriminado de los recursos de los afiliados del IESS a cambio de bonos del estado.

Por ello los trabajadores vamos a votar NO en la CONSULTA POPULAR, mañosa e inconstitucional.

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CORREA: “EL ESTADO SOY YO”

 

“No les crean a los ecologistas infantiles, todo el que se oponga al desarrollo es terroristas”
Rafael Correa.

Uno de los principios del derecho burgués es la independencia de las funciones del Estado, surge para regular los abusos de los gobernantes, quienes en el feudalismo tenían la capacidad de legislar, ejecutar lo legislado y dictar justicia. La concentración de poderes en un solo gobernante permite con mayor fuerza la manipulación de los proceso judiciales, sean penales, civiles, laborales, mercantiles, tributarios, administrativos, etc.

El gobierno nacional tiene como intención principal con la consulta “meterle mano a la justicia”. Dos preguntas, la cuarta y quinta, tienen como objetivo reorganizar el ente que dirige administrativa y económicamente la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura; apoderarse de una mayoría a fin al gobierno para desarrollar una evaluación amañada y dirigir los concursos para nombrar jueces.

Los funcionarios judiciales tendrán su carrera en manos de los representantes de Correa, sus actuaciones serán reguladas y supervisadas por quienes sean electos por el Presidente y la Asamblea Nacional, ¿a quién le tendrán que ser leales para mantenerse en el cargo?, ¿qué meritos serán los que se deben tener para ganar los concursos?, nos preguntamos.

Más allá de lo amañado, de los anexos incomprensibles y tormentosos de leer, hay objetivos políticos en estas preguntas: intenta afirmar su poder que viene desgastándose lenta pero constantemente especialmente luego del 30 de septiembre; cubrir las espaldas a los funcionarios que han sido protagonistas de casos de corrupción como los vinculados a Fabricio Correa, la renegociación del contrato de PORTA, la renegociación de los pozos petroleros, el ministro come cheques, las ambulancias de la ministra Chang, entre otros; criminalizar la organización y lucha social; perseguir a quienes según él nos oponemos al desarrollo de su proyecto desarrollista, presionar a sectores empresariales para poder negociar en beneficio de su círculo contratos, fidecomisos, prendas, hipotecas, etc., en definitiva, consolidar un aparto jurídico que le permita afirmar su traición con el proyecto de cambio, y beneficiar a los grupos de importadores y chulqueros que han acrecentado su riqueza durante este gobierno.

La crisis judicial es una expresión de la crisis del sistema capitalista, la lentitud de los procesos, las injusticas, la corrupción solamente podrán ser superadas con el advenimiento de una sociedad y un derecho socialista; pero es indudable que es posible establecer principios democráticos que permitan democratizar esta función, por ello creemos en la elección universal de los jueces y fiscales, la rendición de cuentas, la participación y la consulta previa en la legislación, la organización social para prevenir la delincuencia, la profundización de los derechos sociales y económicos, la progresividad en las garantías jurisdiccionales, el reconocimiento de la existencia y la aplicación de otros sistemas jurídicos provenientes de las nacionalidades y pueblos indígenas y afro descendientes, el reconocimiento de las manifestaciones consuetudinarias en el campo del derecho provenientes de las clases populares, etc.